El respeto al Estado de Derecho, el seguimiento de la evidencia científica y el asesoramiento de profesionales especializados en las distintas materias, son rasgos característicos de una sociedad civilizada. Por el contrario, la arbitrariedad, el prejuicio, el mito o el mero interés económico, son muestras de un grave atraso institucional y de menoscabo del imperio de la Ley.
Una de las muestras más recientes de los ataques al Derecho y a la Ciencia es la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, incumpliendo el fallo de la sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, que obliga a modificar el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras.
La citada sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno y anclada en principios jurídicos y científicos, se está vulnerando mediante un atajo político y sin informes que lo avalen, mediante la modificación de la legislación básica del Estado que trata de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, con la inseguridad jurídica e indeterminaciones que conlleva respecto a un bien común que se está convirtiendo en un bien al servicio de intereses particulares y partidistas que solo buscan el aprovechamiento a cualquier precio de los recursos naturales.
El carácter invasor de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykis), la carpa (Cyprinus carpio), el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), el arruí (Ammotragus lervia) o el visón americano (Neovison vison), no son objeto de discusión en el ámbito científico y profesional, siendo avalado por la mencionada sentencia del tribunal Supremo; sin embargo, las actividades recreativas asociadas a la caza y la pesca y determinados usos comerciales suponen un freno al control y la gestión de estas especies dañinas para el equilibrio de los ecosistemas, lo que ha propiciado la intervención política para establecer un orden artificial, fuera de la realidad ecológica, y que puede generar falsas expectativas que acabaran regulándose de acuerdo a la legislación y normativa Europea, Estatal y Autonómica.
El ámbito político, con el beneplácito de la mayor parte del arco parlamentario, en lugar de recurrir a modificar el Real Decreto 630/2013, y aportar soluciones singulares para cada una de estas especies que sirvan para paliar los impactos que se podrían generar en las economías rurales, caen en la paradoja de la primacía de los intereses económicos frente a la protección del medio natural y con el texto legal propuesto se fijan parcialidades con aplicación de la normativa relacionada con recursos zoogenéticos y acuicultura, se incorpora la legislación de montes, caza, agricultura y pesca como excepciones para descatalogación de especies invasoras, se establecen los motivos de interés social y/o económico para eximir de algunas de las prohibiciones asociadas a su gestión, e incluso llegan a incorporar una fecha, 15 de diciembre de 2007, como criterio de regulación técnica para aplicar en el caso de la caza y pesca de estas especies.
Todo ello genera un escenario de confusión y caos en que, por razones económicas o intereses de determinados colectivos y por motivos imperiosos e indeterminados de interés público, se puede permite descatalogar cualquier especie invasora que desde aspectos jurídicos y científicos se haya considerado como una amenaza para la diversidad biológica nativa.
Los poderes públicos no pueden infringir el mandato constitucional de colaboración para cumplir las sentencias ni acoger estas propuestas en contra de nuestra biodiversidad. Su obligación, porque así lo impone nuestra Constitución, es proteger y hacer un uso racional de nuestro patrimonio natural, en aras del desarrollo rural respetuoso con nuestro entorno, la economía y el interés general, teniendo la Ciencia y el Derecho como guía y límite.
Nuestra práctica profesional en la protección del medio ambiente y el clamor en ámbitos científicos que ha representado esta propuesta de Ley, nos obligan a establecer una señal de alarma para la sociedad y establecer cauces de conciliación y colaboración con las Administraciones Públicas en aras a introducir una regulación adecuada en uno de los problemas más graves que presenta la biodiversidad.
