Ante la avalancha descontrolada de proyectos eólicos y fotovoltaicos, el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón (COPBA) demanda una moratoria a las nuevas autorizaciones hasta que exista en nuestra Comunidad Autónoma una planificación territorial adecuada de estos proyectos.
La ausencia de una ordenación del territorio ante el reto de la implantación de energías renovables para combatir el cambio climático, nos ha puesto en una nueva situación que está llevando a un punto de difícil retorno.
Una gran parte de los proyectos se están declarando de interés general y/o autonómico, el interés público y social es inherente a su naturaleza, a pesar de emplazarse sobre territorios donde ya están asentadas o se están impulsando otro
tipo de actividades económicas para el desarrollo de la economía local, como las turísticas o las agrícolas. Es por eso que ciertos ayuntamientos están manteniendo moratorias para evitar la llegada de estos megaproyectos mientras se modifican los
planeamientos urbanísticos, única medida que tienen para contrarrestar esta dejación administrativa de funciones del Gobierno de Aragón.
La necesaria descarbonización de la economía mediante la generación de energía con proyectos que recurran a recursos renovables, debe estar planificada atendiendo a la ordenación de usos propia de la planificación territorial y no dejando al margen la ordenación de los usos en el territorio, los recursos intangibles que provienen de los servicios que generan los ecosistemas naturales, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad.
Es imprescindible aplicar actuaciones sostenibles de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, que por ende no deben olvidar la necesaria transición a una economía circular, una transición socialmente justa, y completada con la ineludible transición ecológica fundamentada en el pacto verde europeo.
La implantación de estas fuentes de energía a gran escala genera múltiples tensiones sociales ante un cambio del régimen productivo allí donde se asienta, que pasa de ser agrario a industrial, generando un panorama tremendamente preocupante.
La ocupación se dirige sobre todo a los terrenos de la denominada España vaciada, con el objetivo de exportar la energía, mediante largos tendidos eléctricos, a los centros de consumo, abriendo aún más la brecha entre territorios despoblados
productores y áreas metropolitanas consumidoras. Con ello se origina un debate social sobre si los puestos de trabajo que se generen en fase de explotación serán mayores o menores que los que reste al acarrear la pérdida de puestos agropecuarios,
y de la emigración de la población rural a las ciudades, una vez que se aseguran una renta por el alquiler de sus propiedades utilizadas temporalmente para generar energías renovables.
Mayor está siendo el descontento aún en aquellos territorios donde los usos turísticos representan y pueden representar en el futuro una importante fuente de ingresos y especialmente de puestos de trabajo. Es el caso de grandes áreas de Teruel, como el Maestrazgo y las diversas serranías, y del Pirineo y Prepirineo, donde una buena parte de su sociedad se manifiesta en contra. Y es que, estos megaproyectos suponen la transformación de un territorio como, por ejemplo, el controvertido clúster del Maestrazgo, promovido por la empresa Forestalia, que supondrá la construcción mediante 22 proyectos de 161 molinos de casi 200 metros de altura, 507 torres de alta tensión, más de 180 km de líneas eléctricas, 300 kilómetros de caminos y diez
subestaciones entre 1 y 15 ha.
El elevado número de expedientes tramitados, así como la magnitud de muchos de los proyectos planteados está colapsando a los organismos públicos en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a la Dirección General de Política Energética y Minas, que tiene que resolver un escenario que oscila entre la simplificación administrativa, con denuncias de “exceso de burocracia”, y la adecuada valoración de los impactos con denuncias de “afecciones ambientales críticas sin considerar”.
Las empresas promotoras presentan en ocasiones documentos con escaso detalle y de baja calidad, anteproyectos que, con la correspondiente ausencia de la definición y diseño de las acciones, acarrean estudios de impacto ambiental que desconocen los
efectos que las acciones esbozadas pueden generar sobre el medio ambiente, como por ejemplo, entre otros, las superficies de afección de los caminos de acceso y taludes resultantes en fase de obras para el paso de transporte pesado de gran envergadura, dado el tamaño de las distintos componentes de los aerogeneradores, entre otros.
Por otra parte, se realizan estudios de impacto ambiental que únicamente incluyen estudios parciales de avifauna y quirópteros, indicando que se entregará el estudio anual en la fase de seguimiento una vez implantadas las instalaciones, o no se incluye la presencia de áreas críticas para la fauna o de conservación para la biodiversidad, incluso en espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. También se propicia la ocupación de suelos con valor edáfico, además de los efectos perjudiciales sobre territorios que presentan paisajes sobresalientes en los que fundamentan sus actividades turísticas, entre otras.
La presentación de estos expedientes, en ocasiones, no son más que partes de grandes instalaciones que se presentan de forma fragmentada a pesar de tener componentes compartidos, como las líneas de evacuación de energía o las subestaciones. Esta división comporta menos limitaciones en cuanto a la evaluación de impacto ambiental se refiere, así como sirve para enmascarar la valoración de los impactos acumulativos y primar la valoración ambiental en el trámite autonómico, ya que presentados como un único proyecto correspondería al Estado su evaluación.
Llama también la atención la baja transparencia de los procedimientos. Se trata de unos plazos muy cortos para revisar la compleja documentación de estos proyectos y efectuar las alegaciones pertinentes, y además en muchos casos no se informa a las organizaciones directamente afectadas (comunidades de regantes, Ayuntamientos o los propios agricultores o particulares afectados).
Las fotovoltaicas requieren amplias superficies, lo que supone la pérdida de hábitat para las especies que las ocupan. Uno de los grupos con mayor afección actual y futura es el de las aves esteparias más amenazadas, como sisón, ganga, ortega y avutarda, cuyas poblaciones ya se encuentran en una regresión muy peligrosa merced a la intensificación agraria de las zonas cultivadas y la escasez de barbechos, hasta el punto que en Aragón buena parte de ellas han perdido la mitad de sus efectivos en los últimos diez años.
Las centrales eólicas, por otro lado, producen cuantiosas bajas por colisión de aves y murciélagos contra sus palas. El Gobierno de Aragón informó a las Cortes que en los últimos cinco años (1/05/2016-30/04/2021) 1260 animales (919 aves y 341
murciélagos) habían muerto en aerogeneradores según datos del Centro de Recuperación de Fauna. Más problemático aún es comprobar en las memorias de dicho Centro que tan sólo en el año 2020, coincidiendo con la puesta en marcha de muchos parques eólicos, ingresaron muertos en ese Centro más de 500 animales por esta causa cuando sólo un año antes se registraron 87. Es seguro que en 2021 las cifras serán mucho mayores a las de 2020.
Aun así, estos datos solo muestran la punta del iceberg, teniendo en cuenta la escasa detectabilidad y baja permanencia de los cadáveres que desaparecen apenas en dos días, con lo que el número real de bajas en Aragón probablemente alcance varias
decenas de miles cada año. Especialmente preocupante son aquellas especies más sensibles al choque con aerogeneradores, como el milano real, el cernícalo primilla y los buitres, principalmente el buitre leonado. Éstas, así como varias especies de
murciélagos, que juegan un papel fundamental en el control biológico de plagas, podrían desaparecer o convertirse en verdaderas rarezas en los lugares donde se implantan estas instalaciones, lo que obliga a tomar medidas correctoras a la mayor brevedad posible.
Por todo ello, el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón requiere encarecidamente:
1. Exigir una moratoria a nuevas plantas solares y eólicas en Aragón, especialmente las de mayor magnitud sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, hasta que exista una planificación territorial adecuada de estos proyectos, tanto autorizados como solicitados, y que contemple conjuntamente todas las medidas que deban adoptarse. Esta planificación
debe realizarse urgentemente.
2. Solicitar la adecuada coordinación administrativa de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental Autonómica y Estatal, con el objetivo de evaluar proyectos que se superponen o están en proximidad espacial, lo que puede suponer sinergia, duplicidad y acumulación de los efectos previsibles.
3. Ni la oportunidad de desarrollo de renovables ni el aluvión de proyectos debe ser excusa para disminuir las garantías legales de protección medioambiental ni la calidad de los proyectos y los documentos ambientales.
4. Los proyectos deberán diseñar y detallar todas las acciones que se generen en fase de obras, explotación y desmantelamiento de la instalación una vez concluida su vida útil (fase sin contemplar frecuentemente), para que pueda
comprobarse sus efectos ambientales, incluyendo todas las actuaciones que las complementan y son necesarias para su desarrollo: líneas de evacuación de energía, subestaciones eléctricas, caminos de acceso, vertederos, gestión de residuos, parques de maquinaria y acopios de materiales, etc.
5. Las medidas compensatorias no deben ser la excusa para aprobar proyectos con impactos ambientales críticos. No se conocen medidas correctoras y compensatorias suficientes que sean capaces de paliar los impactos severos producidos sobre aves esteparias, aves rapaces o murciélagos, sobre la ocupación de suelos con valor edáfico y sobre el paisaje. Las medidas
compensatorias solo deben aplicarse en caso de impactos residuales, nunca en caso de impactos críticos y severos, tal y como establece la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
6. La declaración y decisión ambiental de aprobación debe basarse en un criterio científico-técnico sólido y no en presiones políticas. Un criterio basado en buenos estudios previos de campo de un ciclo anual, cuyas conclusiones se apliquen realmente en el proyecto final y en las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.
7. Debería arbitrarse un mecanismo explícito para garantizar la independencia técnica plena de los estudios costeados por el promotor. Tanto el estudio de impacto ambiental como el plan de vigilancia ambiental posterior que incluye los seguimientos de mortalidad, lo que puede llevar aparejado la anulación de algún aerogenerador en los casos de mortandades masivas en algunos de ellos, con el correspondiente protocolo de parada con aerogeneradores conflictivos.
8. Las declaraciones de interés autonómico y/o interés general no deben ser aplicadas por el Gobierno de Aragón salvo casos excepcionales, y menos aún con el objetivo de aprobar los proyectos por encima de otros usos asentados en el medio rural y sobre los que se estructuran las economías locales, situándose por encima de la voluntad de los ayuntamientos y de los vecinos de las zonas donde se instalan.
9. Deben impulsarse y favorecer las soluciones de menor coste ambiental y social, contemplando los efectos sobre la población asentada en el territorio, valorándose, entre otras cuestiones, las repotenciaciones de parques en aquellas zonas de alto recurso eólico y bajo impacto ambiental, la proximidad de las instalaciones, líneas de evacuación de energía y subestaciones a los núcleos de población y sus consecuencias sobre el ruido, el patrimonio cultural y otros efectos perjudiciales.
10. Las Administraciones de Aragón y de toda España deben impulsar y velar por la aplicación de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “paquete de invierno”, que son de obligado cumplimiento. Estas normas abogan por la eficiencia energética para reducir nuestro consumo de energía, por el desarrollo de un modelo distribuido que acerque los centros de
generación de energía a los centros de consumo, modelo de menor coste ambiental y mayor eficiencia energética al disminuir el transporte de energía. Por ejemplo, con el aprovechamiento fotovoltaico en nuestros tejados o en los polígonos industriales, así como impulsando proyectos de energía comunitaria, autoabastecimiento y autoconsumo de núcleos rurales, o planificando el almacenamiento estratégico de las energías renovables, evitando la pérdida de energía en momentos de baja demanda y educiendo
la necesidad de sobrecapacidad instalada manteniendo la seguridad del suministro. Este modelo tendría más efectos positivos, como el abaratamiento de la electricidad y una mayor sostenibilidad.
Mantener el oligopolio de las grandes eléctricas y el actual consumo energético, cambiando simplemente fuentes fósiles por renovables, no es el camino correcto para nuestro planeta. Si realmente queremos frenar el cambio climático y tener una
sociedad sostenible para las generaciones futuras, no hay otro camino que disminuir nuestro consumo, mejorar la eficiencia energética y apostar por el autoconsumo de energía renovable.
Desde el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón abogamos por la necesidad de realizar un análisis de las consecuencias que sobre el territorio está teniendo esta ausencia de planificación. Tenemos las herramientas para planificar y desarrollar un
modelo energético compatible con la conservación de la biodiversidad y la adecuada asignación de usos al territorio, pero no podemos esperar a mañana, se debe actuar ya para evitar efectos indeseables.
