Una vez extinguido el incendio de Llutxent, hasta ahora el más grande y devastador del verano, hemos podido leer todo un alud de opiniones y juicios en medios de comunicación y redes sociales, la mayoría centradas en la ausencia o la precariedad de las medidas de prevención por parte de las diferentes administraciones. Se trata de críticas que provienen en la mayoría de los casos de la legítima desesperación que ha sufrido la sociedad al comprobar el efecto del incendio no sólo en el bosque, sino también sobre muchas de las urbanizaciones que estaban en contacto con la zona quemada. Se ha constatado sobradamente la existencia de daños materiales de mucha consideración, pero, afortunadamente, no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal que, vista la intensidad de los efectos, podría haber sido fatal.
Los valencianos comprobamos año tras año la persistencia de los incendios forestales que de ninguna forma podemos considerar casual. Las fuentes de ignición son evitables (las imprudencias y los actos de piromanía). Pero tenemos que añadir las condiciones climáticas de nuestro territorio que no son ninguna novedad, con independencia de los efectos del cambio climático. Nadie duda, además, que nuestra vegetación es muy inflamable y lo es más todavía en los periodos más secos y cálidos y, por lo tanto, los incendios forestales son una contingencia, es decir, hay que aceptar que los incendios no siempre se pueden evitar y tendremos siempre en mayor o menor medida.
Todo esto la sociedad valenciana lo ha compensado con una capacidad de extinción que, a pesar del que pueda parecer, es excepcional por su eficiencia: al menos tres cuartas partes de los incendios queman poco más de una hectárea (1,2 hectáreas, 12.000 metros cuadrados) y la media ni siquiera llega a las 28 ha (el incendio de Llutxent ha quemado más de 3000 hectáreas y el de Cortes de Pallás de 2012 quemó casi 29000).
Como biólogos que somos, no tenemos ninguna duda respecto al valor de los ecosistemas forestales para el paisaje, la biodiversidad, la infiltración de agua a los acuíferos subterráneos o la fijación de carbono, que son servicios ambientales que nuestra sociedad y también la humanidad en general necesita. Estos, obviamente, implican su conservación en las mejores condiciones.
De hecho, la práctica desaparición del mosaico agrario-forestal en buena parte del territorio, particularmente grave al litoral y prelitoral, ha favorecido el desarrollo de grandes masas continuas donde los cultivos y los pastos han desaparecido y donde la extinción inmediata no se puede abordar con garantías. Esta situación, además, está agravada por los criterios de ordenación territorial y ausencia de medidas de prevención que hemos sufrido las últimas décadas, especialmente a lugares donde son imprescindibles, como pueden ser los límites de las urbanizaciones consolidadas de cualquier tamaño. Vivir al lado del bosque tiene un precio que no siempre se quiere asumir, que es la absoluta necesidad de prevenir el inicio del fuego y sus efectos al lado de las casas. En este sentido, nuestro Colegio, en comparecencia a las Cortes Valencianas, pidió que la nueva Lotup contemplara, entre otras medidas correctoras, la necesidad de redacción de medidas de prevención de incendios a los denominados ‘Núcleos de Prevención de Impactos’, los cuales pretenden ser la solución a las urbanizaciones que aun hoy están fuera de la ordenación urbanística.
También sabemos que la administración competente tiene en la actualidad una intención clara de prevenir los incendios, de la cual surgió la nueva Dirección general de Prevención de Incendios Forestales que ya lleva 3 años funcionando con cierta precariedad de recursos económicos y también humanos, pero que, si a base de voluntad política se potencia adecuadamente, podrá dar resultados muy visibles a medio plazo.
Es necesario que todos los municipios con suelo forestal tengan planes de prevención coherentes y eficientes y, sobre todo, perfectamente consistentes con la conservación de los ecosistemas forestales, su correcto funcionamiento y los beneficios ambientales que nos dan. Es imprescindible que todos los municipios tengan puestos en marcha estos planes de prevención, los cumplan y los hagan cumplir, haciendo uso de medidas de las ordenanzas municipales y de las medidas coercitivas que sean necesarias. Es menester reactivar tanto como se pueda la economía rural, no nos cansaremos de repetirlo: hace falta que el territorio recupere la ganadería y la agricultura tradicionales en la medida de lo posible.
Por supuesto, para llegar a este punto hace falta dinero público, mucho, y se tendrán que hacer esfuerzos serios para obtener más financiación y posiblemente de conseguir dinero de otras partidas no estratégicas.
Pero, por encima de todo, habría que dejar el bosque fuera de determinados juegos políticos y buscar un consenso social que nos ayude al hecho de que los incendios, que estarán aquí siempre, se dan en la menor cantidad y que causen el menor perjuicio al medio natural, a los bienes y, por encima de todo, a las personas.
