Considera que esta rectificación propiciada por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE crea confusión y caos en la gestión del medio natural
El Consejo General que aglutina a los colegios oficiales de Biólogos de España se opone firmemente a la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada por consenso en el año 2007. Esta modificación de la Ley de Biodiversidad auspiciada en el Parlamento por el Partido Popular, Ciudadanos y por el voto inesperado y a última hora del PSOE va a permitir aministiar a especies exóticas consideradas invasoras y muy dañinas para los ecosistemas españoles como la carpa común, la trucha arco iris, el cangrejo rojo americano, el visón americano, el arruí, el lucio y algunas otras. El año 2013 el que fuera Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, durante el Gobierno del Partido Popular aprobó un Real Decreto sobre animales exóticos invasores que permitió la comercialización de unas 200 especies incluidas en el Catálogo Nacional de fauna peligrosa para la biodiversidad de España. Por si fuera poco lo hizo sin tener en cuenta la opinión de la comunidad científica y de centenares de biólogos que mostraron su total rechazo a esta decisión. Varias agrupaciones ecologistas amparadas por los Colegios Oficiales de Biólogos de España y mediante exhaustivos informes científicos recurrieron la decisión ante los tribunales. Finalmente el Tribunal Supremo en marzo del año 2016 les dio la razón y todas las especies invasoras indultas tuvieron que volver a las listas negras donde aparecen los animales invasores más dañinos de España. «El respeto al Estado de Derecho, el seguimiento de la evidencia científica y el asesoramiento de profesionales especializados en las distintas materias, son rasgos característicos de una sociedad civilizada. Por el contrario, la arbitrariedad, el prejuicio, el mito o el mero interés económico, son muestras de un grave atraso institucional y de menoscabo del imperio de la Ley. Una de las muestras más recientes de los ataques al Derecho y a la Ciencia es la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Así se está incumpliendo el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a modificar el Real Decreto de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras», ha explicado Jorge Abad García, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos de España.
Fue una sentencia del Tribunal Supremo
La citada sentencia del Tribunal Supremo, contra la que no cabe recurso ordinario alguno y anclada en principios jurídicos y científicos, se está vulnerando mediante un atajo político y sin informes que lo avalen. El objetivo de tal decisión favorecerá la explotación comercial de algunas especies invasoras propicias para el sector de la caza y la pesca recreativa. «El carácter invasor de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykis), la carpa (Cyprinus carpio), el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), el arruí (Ammotragus lervia) o el visón americano (Neovison vison), no son objeto de discusión en el ámbito científico y profesional, siendo avalado por la mencionada sentencia del tribunal Supremo; sin embargo, las actividades recreativas asociadas a la caza y la pesca y determinados usos comerciales suponen un freno al control y la gestión de estas especies dañinas para el equilibrio de los ecosistemas, lo que ha propiciado la intervención política para establecer un orden artificial, fuera de la realidad ecológica, y que puede generar falsas expectativas que acabaran regulándose de acuerdo a la legislación y normativa Europea, Estatal y Autonómica», ha dicho Abad.
Confusión y caos en la naturaleza española
Para el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos de España todo este nuevo escenario que se abre está generando una lamentable situación de confusión y caos que, por razones económicas o por intereses de determinados colectivos y por motivos imperiosos e indeterminados de interés público, se puede permitir descatalogar cualquier especie invasora que desde aspectos jurídicos y científicos se haya considerado como una amenaza para la diversidad biológica nativa de España. Los poderes públicos, según defiende el Consejo, no pueden infringir el mandato constitucional de colaboración para cumplir las sentencias ni acoger estas propuestas en contra de la biodiversidad. «Su obligación, porque así lo impone la Constitución, es proteger y hacer un uso racional del patrimonio natural, en aras del desarrollo rural respetuoso con el entorno, la economía y el interés general, teniendo la Ciencia y el Derecho como guía y límite. La práctica profesional en la protección del medio ambiente y el clamor en ámbitos científicos que ha representado esta propuesta de Ley, obligan a establecer una señal de alarma para la sociedad y establecer cauces de conciliación y colaboración con las Administraciones Públicas en aras a introducir una regulación adecuada en uno de los problemas más graves que presenta la biodiversidad», ha concluido Abad.
