El fenómeno de polarización, aplicado tanto a la opinión pública como a la política, consiste en la generación de dos extremos que convierten a las posiciones equilibradas, razonadas y profesionales en accesorias, y pérdidas de influencia en la toma de decisiones.
El cinco de junio, en el que las Naciones Unidas designaron como Día Mundial del Medio Ambiente, se debe reflexionar de la peligrosa deriva que se observa en los ámbitos políticos, sociales y económicos en esta materia, lo que conlleva enfoques enfrentados y divergentes que pueden estar influyendo en iniciativas políticas, legislativas y normativas.
Los ejemplos son variados, pero entre ellos destacan tres relacionados, el primero, con la futura ley de restauración de la naturaleza, pendiente de debate en la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea y cuestionada por el sector agrario que está teniendo un peso político suficiente para influir en su aprobación.
El segundo tiene que ver con la reducción de la contaminación atmosférica en las ciudades y el debate actual en el Parlamento Europeo del endurecimiento de las Directivas sobre la calidad del aire, lo que ha sido contestado con la creación de la “Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR)”, cuyo objetivo es flexibilizar las futuras normas, y entre las que se encuentran, junto a otras regiones europeas, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya.
La tercera es en clave española y tiene que ver con la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entra en vigor el 28 de septiembre de 2023 (cuestionada desde la Comisión de Medio Ambiente del Consejo General del Colegios Oficiales de Biólogos con alegaciones y enmiendas en el proceso parlamentario) y en la que un enfoque ideológico animalista ha vulnerado el tratamiento adecuado de la fauna silvestre. Por cierto, su aprobación ha originado manifestaciones multitudinarias de colectivos del medio rural y del sector cinegético, en los que se pedía, entre otras cuestiones, incluso derogar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El debate social y político es imprescindible y necesario para conformar las políticas en medio ambiente, pero a la hora de elaborar la legislación y normativa ambiental de aplicación deben tomar una posición relevante los profesionales, evitando incurrir en iniciativas distorsionadas por intereses económicos, puntos de vista pseudocientíficos, argumentaciones distorsionadas, y todo ello aderezado, en ocasiones, de un sesgo mediático inconveniente.
La protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza suponen actuaciones que redundan en nuestro beneficio a partir de la reducción de la contaminación y los servicios que nos aportan los ecosistemas; el imprescindible equilibrio que debemos encontrar con las actividades económicas supone una tarea en la que todos debemos participar pero que no puede dejarse su aplicación a posturas polarizadas y alejadas del interés general.
JORGE ABAD GARCÍA
Comisión de Medio Ambiente
Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos
