Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos queremos dar una señal de alarma en relación a la profesionalidad con la que se están llevando estudios y trabajos relacionados con la biodiversidad, en este caso con la fauna silvestre destinada a la caza, en lo que debería ser un aprovechamiento regulado de los recursos naturales.
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 17 de mayo de 2017 y 21 de febrero de 2018, anulan preceptos normativos en el ámbito Autonómico relacionados con las especies cinegéticas y las cazables, generando un sin número de noticias entre las que destaca “la prohibición de la caza en Castilla y León”, muchas de ellas interesadas y en su mayor parte sin enfocar la base del problema.
En ambas sentencias se cuestiona la ausencia de criterios científico-técnicos para establecer qué especies deben considerarse cinegéticas y cuales deben formar parte de las órdenes anuales como especies cazables, a lo que habría que añadir la falta de profesionalidad de los planes cinegéticos que deberían fundamentar el ejercicio de la caza en cada coto, y no caer en la falacia de reiterar una y otra vez los mismos estudios faunísticos.
Determinadas noticias se encargan de polemizar con las sentencias y las culpan de que “no tienen fundamento técnico”, cuando en realidad los magistrados lo que hacen es impartir justicia con base en la legislación y normativa vigentes y en peritaciones realizadas por profesionales competentes en la materia, olvidando que las malas prácticas están precisamente en la inadecuada aplicación de razonamientos técnicos a la hora de proteger la biodiversidad. Este problema no se solucionará si se vuelven a aplicar modificaciones normativas y legislativas desde las Administraciones Autonómicas obviando los problemas de fondo que en realidad deben atajarse.
Si el estado actual de las poblaciones sujetas a aprovechamiento cinegético es importante, no lo es menos el de los hábitats en los que viven, y esa visión conjunta de los ecosistemas comprobamos que se está desvirtuando desde enfoques inmersos en actividades sectoriales, en comportamientos ideológicos o, en otras ocasiones, en escritos y análisis ejercidos por aficionados, por los propios cazadores o por profesionales anclados en escenarios del pasado, que no hacen mas que enturbiar las sensaciones de patrimonio natural que en realidad se tienen desde el medio rural.
Las Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE relativas a la conservación de las aves silvestres y de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establecen en el ámbito europeo medidas de conservación para determinadas especies sobre las que los países miembros, como España, deben incorporar la regulación que permita la caza de alguna de ellas, pero siempre con las garantías necesarias para que no se ponga en peligro la supervivencia de sus poblaciones.
Los estudios necesarios para determinar las especies cinegéticas deben estar actualizados, para cumplir con la adecuada conservación, gestión y manejo de la fauna silvestre; deben contemplar la situación de especies con poblaciones desequilibradas como los ungulados asociados a la caza mayor, con el ejemplo de poblaciones sobreabundantes como el jabalí; distinguir entre las aves las especies migratorias, en ocasiones las amenazas provienen de otros territorios de los que dependen y sobre los que no se tiene capacidad de regulación; y centrar en mayor medida los estudios en las especies residentes, que como el conejo o la perdíz roja tiene una gran importancia en la cadena alimentaria de nuestros ecosistemas.
No se trata de prohibir la caza, para determinadas especies supone una regulación de sus poblaciones; tampoco de ser permisivo en su práctica, debemos aplicar el principio de dejar en manos de profesionales competentes temas que afectan a nuestro patrimonio natural, al igual que sucede en otras actividades.
Nuestra práctica profesional en la protección del medio ambiente y la conservación y gestión de la biodiversidad, avalada en los ámbitos científicos y técnicos y supervisada por los colegios oficiales de biólogos, nos permiten ofrecer a la sociedad nuestros servicios y establecer cauces de conciliación y colaboración con las Administraciones Públicas en aras a introducir una regulación adecuada en uno más de los problemas graves y alarmantes que presenta la biodiversidad.
Va siendo hora de incorporar cambios en las metodologías que se aplican por las Administraciones para gestionar actividades como la caza, sin poner en riesgo la pérdida de la biodiversidad, uno de los problemas de mayor envergadura con los que nos enfrentamos; se trata de centrar los problemas y asignar las distintas tareas a los profesionales que se han especializado para realizarlas y de los que existen numerosos centros de investigación, Universidades y práctica habitual en la elaboración de planes cinegéticos. Además, en este cambio de paradigma debería cumplir una labor primordial la Administración Estatal, aportando un tratamiento y criterios comunes para el conjunto del territorio español.
